Boletin de LIBERPUEBLO sobre la situación actual de los DDHHen la Argentina

DICIEMBRE 2009

Temas tratados en este boletín:

1.) A 3 años de la desaparición de Julio López
2.) La lucha de los trabajadores de Kraft Food.
3.) La criminalización de la protesta popular en la argentina
Casos: Bogado, Lezica, Alderete y los estudiantes de la FUBA.

1.) A 3 AÑOS DE LA DESAPARICION DE JULIO LÓPEZ

Este último 18 de septiembre se realizaron marchas y actividades en todo el país exigiendo la aparición con vida de Julio López.
Reproducimos un fragmento del documento leído en Plaza de Mayo en el acto convocado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia:

“Se cumplen hoy tres años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Julio fue uno de los miles y miles de luchadores populares que la dictadura desapareció. Sobrevivió y, rompiendo el mandato de silencio que los represores quisieron imponer a sus víctimas, ofreció su testimonio para terminar con la impunidad de los genocidas. Declaró en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y fue secuestrado el mismo día en que los abogados de Justicia YA! debían alegar en su nombre pidiendo que se condene a este asesino a cadena perpetua por el delito de genocidio.

La desaparición de Julio es la demostración más brutal de la impunidad que sigue recorriendo la Argentina. Constituye en sí misma una amenaza a todos los testigos y querellantes en los juicios contra los genocidas, pero también a todos los luchadores populares.

La causa judicial por su desaparición es una muestra descarada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento con las que actúan el poder judicial, el poder político y las fuerzas de seguridad en nuestro país.

Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro. Un año para que la Procuración designara personal para la causa. Un año y medio para apartar a la Policía Bonaerense de la investigación. Dos años para que el expediente pase a una Secretaría especial para delitos de lesa humanidad y se siguieran las líneas de investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares.

Así fue que en enero de este año se encontró el auto de un comisario del entorno de Etchecolatz, en el que Julio López habría sido trasladado. Y justamente, en ese momento en el que empezaban a aparecer algunas pistas que dieran con los culpables del secuestro la causa inicia un derrotero sin destino.

Súbitamente el juez Corazza se declaró incompetente, la causa pasó a manos del juez Blanco quien el mismo día la sacó de la Secretaría Especial, argumentando que quería dirigir la investigación personalmente. Pero…….. pocos días después cambió de idea y decidió que quien debía investigar era el fiscal Franco. Pero el fiscal Franco tampoco quería investigar y entonces apeló a la Cámara Federal. La Cámara se la devuelve al juez Blanco, que ya había dicho que no la quería. Después de nueve meses de idas y venidas, Casación resuelve que, aunque no lo quiera, quien debe investigar es el fiscal Franco.

Y así, desde hace tres años, el Poder Judicial sigue jugando a la escondida con la Justicia.

Mientras tanto, el poder político prefirió asegurarse la “gobernabilidad” de las fuerzas represivas desconociendo el secuestro. Arslanián, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Kirchner y otros funcionarios y voceros del gobierno dieron distintas versiones, que fueron, desde que Julio estaba “perdido” o “escondido” hasta que pertenecía a las fuerzas de seguridad. Todos abandonaron a Julio a su suerte, dejando el caso en manos de la policía bonaerense.

Por su parte, tanto la presidenta Cristina Fernández, como el vicepresidente Julio Cobos, pusieron un manto de silencio absoluto sobre el tema desde que asumieron. Es como si Julio López nunca hubiera existido. Y eso hace más indignante la lamentable comparación de la presidenta entre el secuestro de los goles y la desaparición de miles de compañeros durante la dictadura. Manifestamos nuestro total repudio a esas declaraciones que equiparan los negocios de algunos con los compañeros que enfrentaron el genocidio.
Tenemos razones más que suficientes para afirmar que la causa judicial paralizada y errante, no es más que el reflejo de la indiferencia del Poder Legislativo y de la política cómplice del Poder Ejecutivo. Tenemos razones más que suficientes para decir que han pasado tres años de impunidad y encubrimiento.

Y por eso
Exigimos al gobierno la aparición con vida YA! de Julio López y el Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro!”


2.) La lucha de los trabajadores de Kraft Food (ex Terrabussi)

La lucha de los trabajadores de la empresa norteamericana Kraft Food (ex Terrabussi) por la reincoporación de los 162 trabajadores despedidos, ha conmovido profundamente al país.
Los trabajadores y su comisión interna han resuelto los pasos a seguir en innumerables asambleas masivas donde participan los obreros de las distintas secciones de la fábrica.
Su lucha ha motivado una gran solidaridad de distintos sectores del pueblo argentino.
En Kraft Food los trabajadores han impuesto la elección democrática de sus delegados de sección de trabajo, así como de la comisión interna de delegados.
Esta forma de democrática impuesta desde abajo por los trabajadores es un tipo de organización con larga historia en la Argentina que fue brutalmente golpeada por la última dictadura militar que priorizó entre sus blancos la desaparición de delegados sindicales de base.
Kraft Food es una de las empresas donde esta forma de organización basada en la elección democrática de los delegados por parte los trabajadores se encuentra más fortalecida luego de más de 14 años de experiencia y lucha.
Kraft Food es una firma norteamericana número 1 en el mundo en alimentación con 2700 trabajadores en la Argentina, distribuidos en 3 turnos (mañana, tarde y noche).
Luego de que Kraft Food despidiera a más de 160 trabajadores, la comisión interna y el conjunto de los trabajadores decidieron comenzar una huelga con permanencia en el lugar de trabajo.
Los trabajadores concurrían a la empresa, fichaban y se negaban a trabajar hasta tanto no se reincorporara a todos los despedidos.
El Ministerio de Trabajo de la Nación en un primer momento dictó la conciliación obligatoria que obliga a los trabajadores a cesar en las medidas de fuerza y a la empresa a dar marcha atrás con los despidos. El sindicato participó en la marcha al Ministerio de Trabajo junto a los obreros de la fábrica.
Kraft no acató la orden del Ministerio de Trabajo, sin que el Gobierno Nacional tomara ninguna medida contra la empresa para ejecutar su propia resolución. Mientras tanto dispusieron un destacamento permanente de 100 policías dentro de la planta, amedrentado hacia adentro y hacia afuera, más la caballería montada que circulaba libremente por las instalaciones. Rodearon también todo el perímetro de la fábrica con alambre de púa.
El sindicato también se abrió después de fracasar en su intento de desplazar a la Comisión Interna en la negociación con la Kraft y el Ministerio de Trabajo.
Ante esta situación los trabajadores en una asamblea muy concurrida decidieron continuar con la huelga, y hacer un corte de la Ruta Panamericana que está a 100 metros de la fábrica.
La solidaridad se multiplicaba a lo largo del país, con marchas y cortes de calles y rutas llevados adelante por obreros, estudiantes y desocupados.
A los 38 días de comenzado el conflicto, con la Presidenta Cristina Kirchner en los Estados Unidos, donde se reunió entre otros con los dueños de Kraft Food, se ordenó un brutal desalojo de los trabajadores de la fábrica.
La policía bonaerense, que se encontraba apostada dentro y fuera de la fábrica, con más de 500 efectivos entre los que había cuerpo de policía montada, infantería, perros, fuerzas especiales y carros hidrantes comenzó una feroz represión contra los trabajadores que se encontraban dentro de la fábrica y contra los familiares de estos y otras personas que se encontraban afuera acompañando solidariamente a los trabajadores.
“El salvajismo de la represión fue brutal. Le pegaron a las compañeras y compañeros despedidos con saña. A nuestras compañeras les pagaron patadas en la cara y en las costillas. Nos mantuvieron esposados por varias horas, como si fuéramos delincuentes. Afuera de la fábrica tiraron con balas de goma, gases lacrimógenos, caballos y perros contra los familiares de los trabajadores y los compañeros que solidariamente estuvieron acompañándonos”, relataron los miembros de la Comisión Interna.
No se permitió el acceso a los detenidos durante horas ni a los abogados de los trabajadores ni los diputados nacionales y provinciales que se hicieron presentes.
El mismo día de la represión por la mañana se presentaron ante el Juzgado de San Isidro, una comisión de abogados de Liberpueblo y otros organismos de derechos humanos con los legisladores provinciales Piani y Negri y se les informó que no había ninguna orden de desalojo, cuando en verdad ya la habían enviado.
Los abogados de los trabajadores se enteraron de dicha orden cuando funcionarios judiciales la entregan en mano a Ramón Bogado miembro de la Comisión Interna a las 15.30 horas. Simultáneamente la fiscalía que dirigió el operativo represivo, en forma anticipada, cerro sus puertas a fin de que no existiera posibilidad de recurrir la medida ordenada, ni se pudieran realizar ningún tipo de presentaciones judiciales a favor de los trabajadores.
Por su parte el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue el ejecutor de la decisión de reprimir a los trabajadores sino que también participaron en el operativo funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de los ministerios de trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
A raíz de la represión se desplegó una enorme solidaridad que se materializó en innumerables cortes de calles y ruta en todo el país, que conjuntamente con la tarea de los abogados de Liberpueblo y otros organismos de derechos humanos, así como de los diputados nacionales y provinciales que fueron solidarios, fueron claves en lograr la liberación de todos los detenidos.
Como respuesta a la huelga se han abierto 10 causas penales contra los trabajadores en las cuales se los acusa de los siguientes delitos: amenazas, coacción, violación de domicilio, atentado y resistencia, daños y lesiones.
Tan profunda fue la repulsión que provocó en la población argentina la feroz represión contra los trabajadores de Kraft, que el Gobierno Nacional luego de ordenar la represión, tuvo que llamar a una reunión en el Ministerio de Trabajo para “encauzar” la situación.
Luego del desalojo de los trabajadores, la empresa intimó a los no despedidos a reintegrarse a sus tareas bajo apercibimiento de despedirlos.
Al reintegrarse a trabajar los trabajadores se encontraron con un refuerzo en la cantidad de efectivos de Infantería y Caballos, un nuevo reglamento de conducta, y cámaras de video controlando pasillos, vestuarios, comedor, además de la entrada. Los policías duermen en el Club de Empleados y se desplazan permanentemente por la planta a fin de evitar reuniones de más de 2 personas dentro de la empresa.
La empresa, la policía y el sindicato amenazan y aprietan constantemente a los trabajadores, mientras impiden el ingreso de los delegados gremiales, quienes cuentan con fueros sindicales conforme la ley Argentina.
Desde adentro de la fábrica, los trabajadores se comunican con sus delegados, relatando los sufrimientos que padecen por las amenazas e imposibilidad de poder hablar entre ellos. Mandan mensajes como “vengan no aguantamos más, sin ustedes no podemos hacerles frente”, dando cuenta de la difícil situación que viven.
Luego de reuniones en el Ministerio de Trabajo y con la CGT, la Justicia Laboral hizo lugar a los amparos presentados a favor de 4 de los 5 delegados gremiales ordenando que se le permita el ingreso a la fábrica, hecho que significó una victoria de los trabajadores en lucha.
El método democrático de discusión y decisión en asamblea donde participan los propios trabajadores, ha permitido desbaratar todos los intentos del Gobierno y de Kraft para destruir la unidad de los trabajadores despedidos y no despedidos.
Como parte de la lucha por la reincorporación de todos los despedidos los trabajadores a través de su Junta Interna, aceptaron firmar un acta ante el Ministerio de Trabajo, por la cual la empresa se obligó a reincorporar a 70 despedidos, incluida toda la Junta Interna y abrir un período en donde se revisaran individualmente los casos de los trabajadores aún no reincorporados a cargo del Ministerio de Trabajo.
Esto ha significado una victoria parcial de los trabajadores, pero la lucha no ha concluido.
La empresa ha violado el acta firmada, al despedir a 8 suspendidos e intimar al resto de los despedidos a aceptar un arreglo económico que no contempla la reincorporación al trabajo, razón por la cual los trabajadores continúan la lucha por la reincorporación de todos los trabajadores.
Este conflicto muestra el camino para enfrentar los planes de ajuste del Gobierno y de las grandes empresas. Es la lucha de los propios trabajadores de Kraft (ex Terrabussi) con la dirección de su Comisión Interna y la inmensa solidaridad del pueblo argentino con su lucha, lo que ha permitido mantener abierta hasta hoy la posibilidad de reincorporar a todos los despedidos.
En este momento resulta necesaria toda la solidaridad posible para con los trabajadores de Kraft Food en su lucha por la reincorporación de los despedidos y el cierre a todas las causas penales abiertas en su contra por el sólo hecho de defender sus fuentes de trabajo.
A estos fines solicitamos remitir cartas de solidaridad solicitando el cierre de las causas a los siguientes Juzgados y Fiscalias encargados de las causas abiertas contra los trabajadors:
Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, sito en la calle Ituzaingó 340, teléfono (011) 4732-6400/6500 a cargo del Dr. Ricardo Jose Costa.
Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, sito en la calle Ituzaingó 340, teléfono (011) 4732-6400/6500 Interno/s: 6560, a cargo del Dr. Orlando Abel Diaz.
Fiscalía del Talar, a cargo de la Dra. Laura Capra, teléfono (011) 4726-3966.
Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Diego Matías Grau.

3.) CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA POPULAR

Una nueva causa contra Ramón Bogado por la lucha contra la Kraft.
El jueves 5/11, el compañero Ramón Bogado debió presentarse en la Unidad Fiscal Contravencional Sudoeste “E”, a instancias de responder a la indagatoria abierta por esta Unidad Fiscal quien abrió esta causa.Bogado es el único imputado de violar el Art. 78 del Código Contravencional de la CABA, por obstrucción e interrupción del tránsito sin dar aviso previo; de ser el “organizador” de una manifestación realizada el 24 de agosto de este año frente al Ministerio de Trabajo, en Callao 110, en el marco de la lucha por la reincorporación de los 160 trabajadores de Terrabusi.El compañero Ramón Bogado se presentó al Juzgado acompañado por los abogados Patricio Gaynor y Nicolás Tauber Sanz, de Liberpueblo.El Dr. Patricio Gaynor señaló que “a Bogado se lo acusa de ser organizador, cuando en realidad estaba en el sexto piso en una negociación con el representante de la empresa y del Ministerio de Trabajo, en calidad de delegado gremial, a los fines de pedir la reincorporación de los trabajadores que habían sido despedidos recientemente”. Y recordó: “Podría decirse que repiten la acusación que le hicieron a Juan Carlos Alderete. Lo que se está haciendo es delito penal de autor: lo imputan por quien es la persona y no por lo que efectivamente hizo. En este caso le imputan que él organizó la manifestación que se encontraba frente al Ministerio, cuando la decisión de reclamar por la reincorporación de todos los despedidos se decide democráticamente en asamblea por todos los trabajadores y no, como pretende la Fiscalía, que Bogado la organiza o les ordena manifestarse. Esto no deja de ser un acto de criminalización de la protesta, una persecución política y judicialización de un acto gremial”, concluyó.En la indagatoria a Bogado se le leyó la imputación que se le hace. Posteriormente los abogados defensores presentaron un escrito de descargo ante la Fiscalía, donde se detallan los argumentos de lo que realmente sucedió ese día, oportunidad en la que se solicito al juez que se archive la causa.En la salida de la audiencia estaban aguardando compañeros de organizaciones sociales y políticas, entre ellas la Comisión de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, docentes de Suteba de Quilmes y del MIJP Quilmes-Berazategui-Varela, Liberpueblo, etc.
Palabras de Ramón Bogado al salir de la audiencia:
Ramón Bogado: Por el derecho a la vida, por el derecho a trabajar“Primero quiero hacer un agradecimiento muy grande a los compañeros que han venido a acompañar, a la Comisión de Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, a los compañeros de Suteba y los jubilados de Quilmes Berazategui Varela, a los compañeros de Liberpueblo. La acusación que me hacen es haber marchado al Ministerio de Trabajo el 24 de agosto en la lucha por la reincorporación de nuestros compañeros de trabajo. Ellos solamente ven el aspecto de la imposibilidad del tránsito, no lo toman desde el punto de vista de una lucha muy grande en la defensa de los 160 despidos.“Nosotros seguimos reivindicando nuestra heroica y justa lucha de los compañeros de Terrabusi. Este es un elemento más de lo que nos quieren acusar. Y nuestra lucha es por el derecho a la vida, el derecho a poder trabajar, eso es lo que nosotros estamos defendiendo y estamos llevando adelante con todos los trabajadores de la alimentación y del movimiento obrero de todo el país, gracias a toda la solidaridad que hemos recibido”.
Absolvieron a Jorge Lezica, dirigente de la CCC de Tandil
El 1º de septiembre, absolvieron a Jorge Lezica coordinador de la CCC de Tandil y miembro de la Mesa Federal de la CCC, en el infame juicio al compañero seguido en el Tribunal Oral Nº 1 de Tandil.
Rodeado de una gran solidaridad, una columna de más de 300 compañeros de la CCC (Matanza, Zona Oeste, Sur, Norte, Tandil, y Mar del Plata), productores autoconvocados y el PO local marchó desde el centro de Tandil al edificio de Tribunales.
Allí el compañero Jorge "Mono" Lezica enfrentó una falsa acusación presentada por una abogada, esposa del ex intendente, de obligar a los compañeros a un aporte de $ 2 como condición de la entrega del plan social y con la supuesta amenaza de darle de baja el plan.
La persecución política contra Lezica quedó desnuda cuando al declarar una de las denunciantes la misma declaró bajo juramento que había hecho la denuncia porque en la Municipalidad de Tandil la amenazaron con quitarle el plan social sino acusaba a Lezica.
Vale destacar la labor del abogado Defensor Carlos Kolbl, el acompañamiento de Liberpueblo, y el apoyo incondicional de las compañeras de la CCC Tandil, que gracias a ellos no pudieron sostener la mentira, a tal punto que el juicio duró mucho menos de lo que se esperaba, retirando el fiscal la acusación y probándose que la causa fue armada desde el comienzo.
Se demostró el fracaso de querer desacreditar a un dirigente opositor, a la CCC, y querer destruir el funcionamiento democrático de desocupados y sus métodos de toma de decisiones; porque ni Lezica ni ningún integrante de la CCC exige aportes. Los miembros de la organización voluntariamente aportan dentro de sus posibilidades para el autosostenimiento de la misma.
Estuvieron presentes Amancay Ardura, Juan Carlos Alderete, Mariano Sánchez (coordinadores de la CCC y el MIJP), productores autoconvocados de Tandil, Cristina Calib (Madre de Plaza de Mayo de Quilmes), miembros de Liberpueblo, PCR, estudiantes universitarios.
Al conocerse el fallo a favor del compañero. Lezica agradeció a todos los que lo habían apoyado y remarcó que “la lucha no termina acá que esto se debiera utilizar como incentivo para enfrentar los golpes que nos siguen dando las políticas de los K”.
Esta victoria es muy importante, y se da en el marco de una política impulsada desde el Gobierno Nacional de criminalizar la protesta popular.
Ante esta política de estado de judicializar a los luchadores populares, es que desde Liberpueblo y otros organismos de derechos humanos planteamos la necesidad de dictar una ley de amnistía a favor de todos los luchadores populares que cierre todas las causas penales existentes.
Declararon la nulidad en el juicio contra Juan Carlos Alderete (CCC)
Gracias a la lucha popula y a la solidaridad de numerosas organizaciones y personalidades políticas, se decretó nulo el juicio contra el coordinador de Desocupados de la CCC.
El miércoles 23 se iniciaba el juicio farsa del gobierno de Macri contra Alderete. La jueza decretó la nulidad del requerimiento a juicio oral y devolvió el expediente a la Fiscalía para que evalúe reformular la acusación. El coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC, en su calidad de dirigente, era acusado con el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires de haber impedido la circulación de vehículos el 22 de mayo de 2008 en la “Marcha en contra del hambre y abrazo al Congreso Nacional”, durante la rebelión agraria.
La jueza Dra. María Fernanda Botana, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°5 de la Ciudad de Buenos Aires dio lugar a la defensa que pidió la nulidad del requerimiento a juicio oral porque no existe la figura del “responsable y organizador” en el Código Contravencional que criminaliza el derecho a la protesta. De no tomar esta decisión quedaba claro que se estaba ante una violación del derecho a la defensa y este juicio pasaba a ser persecución política. El pasado 23/9, integrantes de la Corriente Clasista y Combativa del Conurbano y Capital Federal se movilizaron al Juzgado, el que se encontraba cercado por un alto dispositivo policial que hasta impedía el acceso de Juan Carlos Alderete, sus abogados –Mario Garelik y Patricio Gaynor– y testigos, quienes tuvieron que ingresar a esa repartición de la justicia por una cochera. Acompañaron con su presencia Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.Mientras, en Tucumán, Jujuy, Salta, Formosa, Entre Ríos, Río Negro, Misiones, San Juan, Ushuaia y Chubut se hicieron movilizaciones hacia los tribunales federales locales; y delegaciones de algunas provincias se encaminaron hacia Buenos Aires para exigir la absolución al coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC.Previo al juicio, el martes 22 se realizó una importantísima conferencia de prensa en la sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación, donde diputados de distintas bancas manifestaron su apoyo al compañero Alderete, y presentaron los proyectos contra la judicialización de la protesta social.

Palabras de Juan Carlos Alderete
“Compañeras y compañeros, el acompañamiento que ustedes han hecho desde el primer día, está a la vista, porque lo principal para los dirigentes de la CCC es el acompañamiento de los compañeros. Más allá de los jueces, los fiscales, la justicia que para los pobres no existen, siempre vamos a confiar en ustedes, como lo venimos haciendo siempre. “Ustedes han sido capaces también, de demostrar junto con los abogados, que a esto le íbamos a dar batalla. Y bien lo decía Mario [Garelik] el sábado pasado en la asamblea de La Matanza, que el Código Contravencional tenía que quedar herido de muerte con este juicio, porque le íbamos a presentar batalla hasta las últimas consecuencias.“Son 700 compañeros luchadores populares que están esperando el juicio oral y público con este Código Contravencional, pero decimos también que esto puede sentar un precedente para el resto de los compañeros procesados. Y a cada uno de ellos lo tenemos que acompañar, porque de esa forma es que los vamos a arrancar de la justicia que responde a los Kirchner, que responde a los Macri.
“Es una inmoralidad que hablen de los planes sociales mientras siguen manteniendo a 150 pesos a los compañeros. Es una inmoralidad que sigan manteniendo la jubilación o la pensión al sueldo que le dan a los compañeros pensionados o jubilados. Pero no le vamos a aflojar. Queda demostrado que los dirigentes de la CCC defendemos a los compañeros hasta las últimas consecuencias, como lo están demostrando los compañeros en Terrabusi.”
Exigimos la absolución a los estudiantes de la FUBA
Desde Liberpueblo solicitamos el inmediato sobreseimiento de los estudiantes y dirigentes de la FUBA Sofía Alejandra ELGANI, Rodolfo Pablo CAIVANO y Alejo Carlos CAIVANO y del docente e investigador del CONICET Mauro Miguel MORGENFELD en la causa caratulada “DI CARLO, DIEGO Y OTROS s/ ATENTADO”.
Se encuentran imputados por los hechos acaecidos el día 18 de Diciembre de 2006 en momentos en que se realizara irregularmente en la sede del Congreso de la Nación la elección del Rector de Universidad de Buenos Aires. Concretamente se les imputa “haber atentado contra el personal policial apostado en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el día 18 de Diciembre de 2006, mediante el derribo de las vallas ubicadas en el lugar, agrediendo físicamente al personal de la Policía Federal Argentina, mediante vías de hecho y arrojando elementos contundentes, e intentando ingresar al recinto donde se celebraría el acto eleccionario, correspondiente a la designación del Rector de la Universidad de Buenos Aires.”.
Sobreseídos por el Juzgado de Instrucción y la Cámara de Apelaciones en lo Penal sala II ante los recursos interpuestos por el Fiscal, en estos momentos esta siendo estudiada la causa por la Sala III de la Cámara de Casación Penal.